MEM afirma que Gobierno regional del Cusco no tiene competencias para prohibir actividad minera

MEM LOGOEl gobierno regional del Cusco no tiene competencias para prohibir la actividad minera en su jurisdicción, por lo que debe derogar la ordenanza que excluye a esa región de la admisión de denuncios mineros, informó El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.

El 21 de diciembre del año pasado el gobierno regional aprobó una ordenanza declara como área de no admisión de denuncios mineros todo el territorio del Cusco, y entró en vigencia hace algunos días.

“Esta es una medida que no está dentro de la ley ni la constitución y por eso estamos evaluando los pasos que vamos a tomar, donde lo que corresponde es que se derogue esta norma”, sostuvo.

Reiteró que las próximas acciones del ministerio buscarán salvaguardar las inversiones futuras que quisieran realizarse en dicha zona, pues según el dispositivo legal publicado, las inversiones que a la fecha se ubican en la región Cusco no se verían afectadas, sino solo aquellos terrenos que actualmente no tienen ninguna concesión.

“Lo que está claro en este tema es que el gobierno regional no tiene esa facultad de prohibición y vamos a tener que actuar correspondientemente”, manifestó.

En ese sentido, subrayó que es necesario que cada actor del gobierno nacional sepa y actúe de acuerdo a sus competencias y no afecte las potestades de los otros.

Refirió que actualmente, existe una gran cantidad de concesiones mineras otorgadas en la región del Cusco, las cuales representan el 0.6 por ciento del área total de la región.

“Creo que el verdadero problema radica en una confusión por parte de las regiones sobre en que plazo se generan los derechos de exploración luego que el Estado entrega una concesión minera a un inversionista”, anotó.

Detalló que muchas veces se piensa equivocadamente que estos derechos se dan automáticamente, cuando ello no es así.

Al contrario, antes de hacer cualquier intervención, el titular de una concesión minera debe obtener autorización del uso de la tierra, lo que implica ponerse de acuerdo con la comunidad adyacente.

“Adicionalmente tiene que presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a efectos de mitigar cualquier impacto que se pudiera generar con la actividad; y además debe revisarse la inexistencia de recursos arqueológicos”, puntualizó.

En primer semestre se firmaría acuerdo de integración energética entre Perú y Brasil

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó que el acuerdo de integración energética entre Perú y Brasil se firmaría en el primer semestre de este año, pues hay grandes avances al respecto.

En diciembre pasado los presidentes de Perú, Alan García, y de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, instaron a los ministros de Energía de ambos países a que presenten un proyecto de Acuerdo de Integración Energética bilateral en el corto plazo.

Ello en el marco de la visita oficial que realizó el mandatario brasileño para fortalecer las relaciones bilaterales y hacer seguimiento al Encuentro Fronterizo que sostuvieron en la ciudad de Río Branco.

“Hemos sostenido una serie de reuniones a la fecha que han ido por buen camino”, manifestó.

Indicó que todos los acuerdos a los que se ha llegado por parte de ambos países se encuentran publicados en la pagina web del ministerio para que cualquier ciudadano pueda revisarlo.

“De acuerdo a lo avanzado podemos afirmar que ya entramos a la etapa final del proceso y por ello, vamos a tener una reunión en lo que resta de marzo para dar los toques finales al documento”, puntualizó.

Si el contexto es favorable, y los acuerdos a los que han llegado los equipos técnicos de ambos países son aprobados por ambos gobiernos, entonces es posible que el acuerdo sea firmado en este primer semestre del año, refirió.

Este acuerdo beneficiará principalmente a Perú ya que integrarse a un país cuyo potencial energético es 20 veces mayor asegura capacidad de reserva y da seguridad energética al mercado local.

Según el MEM, la aprobación de este acuerdo deberá pasar necesariamente por el Congreso brasileño, mientras que en el caso de Perú sería solamente necesaria la aprobación del Poder Ejecutivo.

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