Decretos de Urgencia 001-2011 y su Modificatoria 002-2011 generan polémica, para el gobierno aceleran la puesta en marcha de proyectos de inversión, mientras ambientalistas señalan que desnaturalizan la institucionalidad ambiental y podrían generar conflictos sociales

hodroleléctricaEl 18 de enero de 2011, se publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2011, que dicta disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011 para promover la inversión privada en determinados proyectos de inversión, entre los que figuran proyectos de “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”, los grupos ambientalistas señalan que estas medidas constituyen un retroceso en materia ambiental.

El debate gira en torno al Artículo 5.3. del DU N° 001-2011, cuando establece que las certificaciones ambientales “(…) no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial (…) para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”, y señala de necesidad nacional y ejecución prioritaria por parte de PROINVERSION la promoción de la inversión privada en una lista de 30 proyectos.

El 21 de enero, mediante el DU N° 002-2011, esta lista se expandió a 33 proyectos, entre los que se incluyen los de “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”.

A decir del Ejecutivo, estos Decretos de Urgencia tienen por objetivo principal, promover la inversión privada en determinados proyectos de inversión, como en el caso de Nuevas Centrales Hidroeléctricas.

Así, el 27 de enero de 2011 mediante el “Comunicado del Ministerio del Ambiente sobre el DU 001-2011 y su Modificatoria DU 002-2011”, el Gobierno afirmó que respeta y defiende las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú, los convenios y tratados internacionales, y ratificó el compromiso asumido con la promulgación de la Política Nacional del Ambiente, velando por el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental, de la cual forma parte la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y su Reglamento.

Sin embargo, en la misma fecha – 27 de enero de 2011 – Organizaciones Ambientalistas, entre los que figuran: la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA); ProNaturaleza-Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza; WWF y la Central Asháninka del Río Ene (CARE), respondiendo a los Decretos de Urgencia, señalaron que la eliminación de las certificaciones ambientales para la obtención de autorizaciones administrativas es un grave retroceso en materia ambiental, en tanto se desvirtúa el rol de la evaluación de impacto ambiental (EIA) como herramienta de política pública en la toma de decisiones sobre los proyectos. Según el procedimiento establecido en los DU, con las autorizaciones otorgadas, la EIA se convierte en un instrumento ineficaz y postergado.

Además, la Constitución Política del Perú establece que los DU sólo pueden emitirse para materias económicas y financieras. Un DU no puede modificar regulaciones ambientales, por lo que el artículo 5.3 del DU es inconstitucional.

Entre la lista de proyectos priorizados se incluyen los proyectos de “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”, sin especificar a qué proyecto se hace referencia. A decir de las organizaciones ambientalistas, esta generalidad debilita el argumento de urgencia que ampara los DU; y permite interpretar que podrían estar incluidos proyectos hidroeléctricos controversiales, como los que pretenden ejecutarse en la Amazonía como parte del Acuerdo de exportación de energía a Brasil. En este sentido, estos DU buscarían eludir el rechazo social a estos proyectos que ya se registra en Madre de Dios, Puno y Junín.

La polémica está dada, depende del gobierno tomar las acciones legales pertinentes a fin de incentivar la inversión privada, evitando mayores conflictos.

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