August 22, 2011

Atribuyen a Leonel y al PLD la crisis del sistema eléctrico. ¿Es solo de él? ¿La corrupción de todos los partidos? ¿La indiferencia del pueblo? El que este libre de pecado, tire la primera piedra.

El presidente de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Dominicano atribuyó al presidente Leonel Fernández y al Partido de la Liberación Dominicana la crisis que atraviesa el sistema eléctrico nacional.

Declaró que el deterioro del sector eléctrico también se originó en la forma irregular como a su entender se inició el proceso de privatización de las empresas surgidas de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Entrevistado en el programa Milagros desde la Z, el ingeniero Antonio Almonte afirmó que el proceso de capitalización comenzó al revés en 1999 “y no colapsó gracias al Acuerdo de Madrid, suscrito por el presidente Hipólito Mejía en 2001″.

Sostuvo que quienes dirigieron el proceso de privatización y capitalización de la CDE en 1999 se basaron en la evaluación de los activos del sistema eléctrico estatal y en su valor de mercado, diferente a como se realizó en otros países del hemisferio.

Argumentó que bajo ese criterio erróneo se vendieron las empresas de generación y distribución eléctricas, cuando previamente debió corregirse el grave problema de las pérdidas millonarias que generaba el sistema al Estado domincano, rehabilitar las plantas y redes y luego someterlas a licitación internacional.

Almonte defendió el Acuerdo de Madrid y refirió que previo a su firma en España, se realizaron reuniones con los inversionistas extranjeros en Europa y Estados Unidos, específicamente en Washington, para corregir problemas de indexación de precios en los combustibles y piezas para el mantenimiento de las plantas de generación.

Destacó que esas reuniones fueron a instancia de los inversionistas extranjeros de Unión Fenosa y de la Empresa Dominicana de Electricidad del Este (Ede Este), de capital norteamericano, que se quejaban de las pérdidas operativas y de los precios de referencia tomados como base para la venta del kilovatio/hora a los usuarios.

Explicó que esas quejas estaban basadas en la forma de indexación en los precios de los combustibles, que se estableció al iniciar la privatización, pues se utilizó como precio de referencia el del fuel oil II, que estimaban el más caro y más volátil del mercado internacional, y no el de los distintos combustibles utilizados por las diferentes generadoras.

Manifestó que debido a esto las generadoras que utilizaban ese tipo de combustible acumlaban pérdidas sistemáticas y se descapitalizaban, mientras las que usaban otros lograban ganancias millonarias, teniendo el Estado que compensar esas pérdidas mediante el sistema de subsidios y permitiendo los cortes energéticos a las distribuidoras como compensación.

Reveló que los inversionistas amenazaron con retirarse del país si no se producía una renegociación de los contratos y una extensión de éstos para recuperar sus capitales y lograr beneficios a largo tiempo.

Almonte sostuvo que fue en ese contexto que el presidente Hipólito Mejía accedió en 2001 a renegociar los contratos mediante el Acuerdo de Madrid, que permitió a la vez una reducción de hasta un 40 por ciento en el precio del kilovatio/hora, al ponerse en práctica el nuevo sistema de referencia para los precios de los combustibles y de indexación para las tarifas.

El experto destacó que debido al Acuerdo de Madrid el presidente Mejía recobró las empresas distribuidoras Edenorte y Edesur, cuyos inversionistas decidieron retirarse por las pérdidas operativas y porque no realizaron las inversiones requeridas de alrededor de 500 millones de dólares para modernizar las redes y modificar los sistemas de generación eléctrica con el uso de combustibles de menor costo.

 

Corrupción en Edenorte

Almonte declaró que debido a la corrupción en las empresas Edenorte y Edesur, que son ahora de propiedad estatal, los usuarios tienen que pagar por la crisis a que han sido sometidas por sus ejecutivos, “que se han apropiado de miles de millones de dólares”.

Hizo referencia de manera específica a una auditoría realizada en la empresa Edenorte por la firma KPMG de 2009 y entregada en junio de 2010 a la Cámara de Cuentas.

En ese experticio se detectaron en su contabilidad beneficios por unos 14 mil millones de dólares cuyos recursos no aparecieron, pero sí reportaron pérdidas operativas por 45 mil millones y patrimoniales por otros 35 millones.

Dijo que al llegar Celso Marranzini a la vicepresidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) detectó las irregularidades y comprobó que el principal ejecutivo, el peruano Marco Portocarrero tenía una cuenta personal de 35 mil millones de dólares.

Agregó que pese que Marranzini lo sometió ante el Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa no se ha iniciado una acción en su contra y, al contrario, disfruta en su país de las irregularidades cometidas en Edenorte.

 

Fuente: Diario Libre

 

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