Sector eléctrico: La demanda energética crece y el Estado pierde participación en dicho sector

sector electricoEn diciembre del 2001, la participación de las empresas estatales en la producción eléctrica era de 63,64% frente al 36,36% del sector privado. Entre estas firmas destacaba Electro-Perú, que tenía cerca del 36,3% de la generación eléctrica del país.

La demanda de energía peruana se ha incrementado y casi se ha duplicado entre el 2001 y el 2010. Dicho crecimiento ha sido atendido principalmente por las generadoras del sector privado. Esta nueva configuración hace que hoy la fotografía respecto de la repartición del mercado sea totalmente distinta. Las generadoras estatales han reducido su participación a 30,98%.

Electro-Perú, la otrora poderosa empresa del Estado, hoy solo tiene un 20,8% de la producción eléctrica. Por otro lado, Edegel, del grupo italiano Enel (que dicho sea de paso tiene capitales estatales), es la mayor generadora de energía del país.

Mario Gonzales del Carpio, director ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), holding que administra las generadoras del Estado, reconoce que el crecimiento de estas empresas se ha detenido por múltiples circunstancias. Las estatales han dejado de invertir en infraestructura de generación eléctrica y no han construido nuevas centrales pese a que la demanda del país así lo requiere. Gonzales refiere que si bien se intentó desarrollar algunas inversiones, este esfuerzo se ha topado con múltiples obstáculos que ha impuesto el Estado en su ejecución.

“En el caso de Electro-Perú, habíamos proyectado construir una central térmica que produjera a gas natural; sin embargo, se tuvo que pasar por una serie de evaluaciones en el Ministerio de Energía y Minas, el Fonafe y el Sistema Nacional de Inversión Pública, que hizo que se retrasara el proyecto. Cuando ya contábamos con todas las licencias, las cifras del mercado se habían modificado. Esto no pasaría con una empresa privada que en dos meses puede decidir si va a adelante o no”, señala.

La única inversión estatal en generación es la reconstrucción y ampliación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, a cargo de Egemsa. Como se recuerda, en 1998 un aluvión destrozó parte de sus instalaciones y desde ese año perdió capacidad de producción. Recién en el 2009, luego de múltiples licitaciones, se le otorgó a Graña y Montero la buena pro para rehabilitar la generadora, que tendrá capacidad para producir 200 megavatios (MW), lo que significará una inversión de aproximadamente US$148 millones. Esta es la única inversión en camino y es solo para recuperar la capacidad de producción, más no así para atender los requerimientos de la nueva demanda.

Según explica Gonzales del Carpio, las empresas estatales son rentables; sin embargo, por ser en su mayoría generadoras hidroeléctricas, su economía está expuesta a las condiciones del clima, pues si no llueve, no producen.

En el sector eléctrico es conocido que una compañía hidroeléctrica requiere complementar su producción con generadoras térmicas (si es a gas natural mucho mejor) porque de no llover podrán seguir abasteciendo a sus clientes con estas centrales. De lo contrario, deben comprar energía eléctrica a precio ‘spot’ (precio de generación marcado por la generadora cuyo costo de operación sea el más caro del sistema) a otras empresas de generación eléctrica, lo que les resultaría muy costoso.

Varias firmas privadas tienen ambos tipos de producción, por lo cual registran menores pérdidas frente a las estatales. Además, considerando que tienen estos dos tipos de producción, pueden ser más agresivas en la venta de su energía.

El presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-Sinac), César Butrón, opina que se requiere que el Estado tome una decisión respecto del futuro de sus empresas de generación eléctrica. Si es que definitivamente se pretende mantenerlas bajo su tutela, es necesario permitirles crecer y tener una participación más activa en el mercado; mientras que si se desea privatizarlas, es necesario no dejarlas perder peso en el sector porque cada vez serán menos atractivas.

Las firmas estatales requieren de grandes inversiones para repotenciar sus instalaciones y no dejar que estas se mantengan obsoletas. Esto de alguna manera estaba pasando con Egasa y Egesur.

Ambas tenían generadoras termoeléctricas a diésel y residual que dejaron de operar al implementarse las que funcionan con el gas de Camisea, en el 2004. Antes de que estas quedaran inutilizadas, ambas empresas decidieron trasladar sus generadoras desde Tacna y Arequipa, donde se hallaban, hasta Pisco, con el fin de aprovechar el gas natural y seguir produciendo.

Sin embargo, este traslado no significa una ampliación de la capacidad de potencia eléctrica de estas empresas, sino una reutilización de su capacidad.

Si bien las compañías estatales han dejado de invertir en ampliar su infraestructura eléctrica, están buscando nuevos mecanismos para no dejar de perder mercado.

El presidente de Electro-Perú, Luis Alejandro Bedoya Wallace, indica que, por ejemplo, en esta firma se está estudiando la posibilidad de integrar al sector privado en nuevas inversiones.

“Electro-Perú tiene varios proyectos hidroeléctricos que podría desarrollar en alianzas con empresas privadas que están interesadas en asociarse con la más grande compañía estatal de energía eléctrica”, indica.

Mario Gonzales, por su parte, señala que se está evaluando la participación del sector privado vía ampliación de capital o emisión de bonos; sin embargo, aclara que esto no significa que el Estado perderá el control de la empresa, pues se trata de esquemas usados en compañías estatales como Petrobras o Ecopetrol.

Asimismo, indica que el financiamiento para nuevos proyectos puede venir del mercado de capitales. En ese sentido, explica que probablemente a finales de abril las empresas de generación podrían estar cotizando en la Bolsa de Valores de Lima, lo que les daría la posibilidad de levantar dinero para determinados proyectos, ya que hoy –considera– es difícil obtener dinero del tesoro público para nuevas plantas de generación.

“Desarrollar un proyecto de 100 MW hidroeléctricos nos costaría unos US$200 millones. No podría ir a solicitar este dinero al tesoro porque me dirían que una generadora no es prioritaria frente a las necesidades de educación o salud que tiene el país. Por eso tenemos que buscar otras alternativas”, señala.

De darle viabilidad a estas iniciativas, las empresas estatales tendrían el vigor de antaño. ¿Sucederá?

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